Shus Terán Reyes
TARIFA. Tarifa sigue la tónica de otros tantos municipios gaditanos -sobre todo los costeros- y asiste impasible y resignada al dramático asunto de la vivienda.
Precios insoportables por las economías familiares unidos a la carencia de suelo público en el que desarrollar promociones inmobiliarias de protección oficial que garanticen el Derecho Constitucional de una “vivienda digna”, agravan el problema.
En un desesperado intento de dar solución al asunto, se elaboró la estrategia del Pacto por la Vivienda que fue concertada por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias el 13 de diciembre de 2007. Su aplicación en los municipios con menos de veinte mil habitantes fue acordada el 15 de enero de 2008 por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y los titulares de las ocho Diputaciones andaluzas. Los objetivos del Pacto han sido recientemente refrendados por 28 de los 29 municipios de la provincia de Cádiz con menos de 20.000 habitantes. Las localidades firmantes son las siguientes: Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena, Medina, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Vejer, Villaluenga, Villamartín y Zahara de la Sierra.
Un primer análisis sobre demanda realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía determina la necesidad de 7.688 viviendas en el conjunto de municipios suscritos al protocolo. No obstante, Diputación comunicará a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, antes del 30 de junio, la programación específica de cada municipio que servirá de base para el Plan Concertado de Vivienda 2008-2012.
Dos terceras partes de las viviendas protegidas que se construyan al amparo de este acuerdo se destinarán a familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Los inmuebles dispondrán de una superficie comprendida entre los 70 y los 80 metros cuadrados y su precio no excederá de los 80.000 euros.
Una vez que se concrete la programación específica antes del 30 de junio, con actuaciones viables económica y jurídicamente, se podrán firmar los convenios de gestión con cada Ayuntamiento. En dichos convenios se distinguirán dos fases: una inicial aplicable en los dos primeros años del Pacto por la Vivienda en suelos edificables; y una segunda fase, aplicable en cuatro años, prevista en los suelos pendientes de desarrollo. volver a Noticias
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