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Dos militares imputados por fraude en la venta de dos conocidos inmuebles militares del municipio |
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TARIFA. La denuncia se refiere a la
venta, en el año 2000, de la vivienda del
jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la
enfermería de la misma dependencia, por un
importe de 180.662 y 137.094 euros,
respectivamente
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TARIFA. El general de brigada en la reserva, Juan Antonio Miguélez Paz, máximo responsable de las enajenaciones de terrenos e inmuebles del Ministerio de Defensa con el Gobierno del PP, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y fraude, según informó en días pasados el diario nacional El País.
Tanto Miguélez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, como el teniente coronel José Luis Bastabad, jefe de Gestión Patrimonial del mismo organismo, comparecieron ante el juzgado de instrucción de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscalía.
La denuncia se refiere a la venta, en el año 2000, de la vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la enfermería de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.
Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, después de que se declarasen desiertas sus subastas. El problema, destacó El País, deriva de que las características que figuraban en los anuncios de las subastas no coincidían con el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ningún licitador.
Finalmente, el inmueble se adjudicó por venta directa a un particular, quien la adquirió por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasación.
Hace más de una década que la Estación Naval quedó desmantelada, como ocurrió con otras dependencias y construcciones militares en Tarifa. Sin embargo, el edificio de la que fuera Casa del Comandante y la enfermería, han permanecido durante años siendo señas de identidad de un pasado militar que ya no es sino un mero recuerdo.
La Casa del Comandante fue durante más de seis décadas la vivienda en la que se alojaba el máximo responsable de la Estación Naval de Tarifa. Un edificio de formas modernistas de dos plantas y una superficie de unos 250 metros cuadrados que contaba con zona ajardinada y una pista de tenis. En ella, y como “servicio militar obligatorio” desarrollaban el trabajo de tareas y servicio doméstico varios militares de reemplazo. Cuando se desmanteló la base militar, la casa fue vendida –motivo de la imputación de los militares- y sus nuevos propietarios montaron un restaurante y apartamentos, a la que se le dio por nombre ‘La Casa del Comandante’, que durante fue explotada hasta su cierre y posterior venta. En la actualidad, se ha derribado el antiguo edificio y aún permanece los escombros en el lugar.
Respecto a la antigua enfermería funcionó durante los mismos años como sala de curas y pequeño hospital a los reclutas aquejados de diferentes dolencias. Al igual que la Casa del Comandante, fue el destino de distintos soldados de remplazos que hacían su “servicio militar por la Marina”.
En el año 2000, un empresario tarifeño compró el edificio y espera ahora la aprobación del nuevo PGOU para poder construir, ya que el suelo está destinado en la actualidad a equipamientos, por lo que espera la modificación urbanística del suelo para poder construir.
El empresario asegura que accedió a la compra del inmueble de dos plantas y de unos 300 metros cuadrados levantado sobre una parcela de 680 metros cuadrados totales y de similares características arquitectónicas al edificio de la Casa del Comandante –a escasos 20 metros- después de que quedase desierta la segunda subasta. Al igual que pudo hacer cualquier persona que estuviera al tanto de la venta del inmueble. Puesto en contacto con responsables militares entre los que no reconoce a los militares imputados, se desplazó hasta Madrid para realizar un depósito del 20 por ciento del valor total del inmueble. Reconoce que debió esperar unos cinco meses para concretar la compra ya que, a pesar de que en el anuncio de la venta se señalaba la parcela y el edificio, lo cierto era que “los militares no habían escriturado el edificio y en las escrituras sólo aparecía el solar. Cuando realicé la compra, se procedió a escriturar el edificio”, asegura el propietario que apuntó que al cabo de los meses un coronel de Ceuta se desplazó hasta Tarifa para formalizar ante notario la venta.
El empresario ha señalado que, durante la operación de compra-venta, no apreció irregularidad alguna y que pudo ser cualquier otro quien se hubiera adjudicado la propiedad adquirida por un precio aproximado de 138.000 euros.
Los dos edificios cuya venta se encuentra en entredicho se ubican a lo largo de la calle Alcalde Juan Núñez, en las proximidades del puerto tarifeño y donde al menos otros siete edificios pertenecientes a la Estación Naval se levantaban en la década de los 60 como apoyo logístico a la importante base naval hoy desaparecida. Sobre sus cimientos hoy se levantan varios locales comerciales y bloques de edificios.
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